Adoptar a una nueva familia

Texto: Thelma Gómez Durán
Fotografías: Ernesto Ramírez y Julio Aguilar

En el departamento de paredes blancas y rojas, los hermanos dibujan. En la mesa del comedor extienden cuadernos, lápices de colores y sacapuntas. Miguel delinea a sus tres gatos. Jimena traza su propia silueta. Las hojas en blanco se llenan de colores, formas y personajes. Los niños se dibujan a ellos y a quienes hoy forman parte de su familia.

Su familia desde octubre de 2015.

En otro tiempo, en otro espacio, sus dibujos tendrían personajes diferentes.

Jimena y Miguel nacieron en una familia en donde la violencia y la ausencia de los padres eran cotidianas. Llegaron al albergue temporal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) cuando ella tenía cuatro años y él, un año. Ahí solo estuvieron algunos días; después ingresaron a una asociación civil que tiene un convenio con el DIF para cuidar de niñas y niños, mientras se resuelve su situación jurídica y las autoridades deciden si regresan con su familia de origen o son dados en adopción.

Jimena y Miguel pasaron cuatro años de su infancia en un albergue por una suma de negligencias. En algún juzgado de la Ciudad de México, el expediente de Miguel se perdió. Si no había expediente, tampoco había acta de nacimiento. Así que Miguel no existía jurídicamente.

El expediente de Jimena sí estaba completo, pero hasta tener los papeles de Miguel se podía comenzar el juicio de pérdida de patria potestad para los dos hermanos.

El camino para que Jimena y Miguel crecieran en una familia fue largo y nada fácil, como suele suceder con buena parte de quienes viven el proceso de adopción en México.

Niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos transitan por un sendero que tendrá más o menos obstáculos dependiendo del estado del país en el que se encuentren, la institución pública o privada que está a cargo de su tutela o custodia, el juzgado en donde se lleve su caso o la edad en que esa niña o ese niño comienza su recorrido para lograr crecer en una familia.

Alex nació en un hospital público de la Ciudad de México; su mamá biológica lo dejó ahí después de dar a luz. Cuando tenía solo unos días de vida fue llevado al albergue temporal de la PGJDF y de ahí a la casa hogar de una asociación civil.

A la mamá biológica de Alex se le buscó a partir de los pocos datos que dejó en el hospital. Eso llevó casi un año; ocho meses más se fueron en ubicar a su familia extensa —abuelos, tíos— para saber si podían hacerse cargo de él. Cuando el juez determinó que la madre biológica de Alex perdía la patria potestad, el niño ya tenía dos años y medio. Hasta entonces Alex fue jurídicamente susceptible de ser adoptado.

La mayoría de los niños y adolescentes que llegan a los centros de asistencia social, tanto públicos como privados, tienen familia. Han sufrido violencia física, abandono, perdieron a su madre o a su padre. Son contados los expósitos, término jurídico que se utiliza para identificar a los niños o niñas de los cuales no se tiene ningún dato sobre su familia biológica o extensa. En estos casos, el comienzo del proceso de adopción llega, en ocasiones, a ser más rápido.

Pero cuando existe un nombre, una dirección, un dato mínimo sobre algún familiar —como sucede en la mayoría de los casos— la ley marca que se les debe buscar y trabajar en la reintegración del niño a su familia de origen o extensa; si se determina que sus padres, abuelos, tíos, primos o algún otro familiar no pueden hacerse cargo de ellos, entonces comienza el proceso para el juicio de pérdida de patria potestad.

Tanto en los DIF estatales como en los centros de asistencia social privados escucho historias como estas:

En el Estado de México, el DIF recibió a una niña de tres días de nacida. Cuando cumplió tres años, se seguía con la búsqueda de algún miembro de su familia extensa que se hiciera cargo de ella.

En una casa hogar privada vive un niño que ahora tiene siete años. Llegó ahí a los tres, porque la pareja de su mamá biológica lo golpeaba. Se hicieron estudios psicológicos y socioeconómicos a la mamá y se valoró si alguno de los abuelos podía cuidar al niño. A la audiencia con el juez no se presentaron ni la mamá ni los abuelos. Se les buscó en la dirección que otorgaron como domicilio, pero resultó que ahí no vivían. Todo ese proceso llevó casi cuatro años. El niño aún vive en la casa hogar, en espera de que en la siguiente audiencia el juez defina su situación jurídica.

En algunos estados del país se marca que el tiempo máximo de espera, para determinar si un niño se reintegra a su familia de origen o extensa, debe ser de seis meses.

“Lo importante no es el tiempo —apunta Paula Ramírez España, Oficial Nacional de Protección de Unicef—, sino que realmente sea una búsqueda activa por parte de las autoridades. Si realmente se demuestra que se hizo todo lo posible por localizar a la familia, por entablar un proceso de trabajo con la familia de origen para reintegrar al niño. Lo importante es que no pasen meses y meses sin que nadie haga nada para dar una solución a ese niño”.

En otros casos —como el de Miguel y su hermana Jimena— ni siquiera es posible avanzar en el proceso judicial, porque no hay expediente, ya sea porque se perdió o porque no se ha integrado.

En el caso de Miguel, la integración de su expediente tardó tres años. El juicio de pérdida de patria potestad, para él y su hermana, tardó un año más.

—El tiempo que tarda el juicio de pérdida de patria potestad depende de la carga de trabajo que tenga el juzgado. Los jueces están tardando un año pasadito —dice Balbina Villa, de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Jalisco.

El psiquiatra Alejandro Morton, coordinador de Infancia, Adolescencia y Familia del DIF del Municipio de Monterrey, señala que los juicios de pérdida de patria potestad tardan, en promedio, entre tres meses y dos años. Pero, aclara, hay muchos casos en los que la situación jurídica del menor no se resuelve, y los niños llegan a pasar entre cuatro y diez años de su vida dentro de una institución, hasta cumplir la mayoría de edad.

—Es muy común que los niños sean abandonados, ya sea en hospitales o en centros de asistencia social. En estos casos, las mamás biológicas podrían acercarse al DIF y decir que quieren entregar a su hijo en adopción, hacerlo de manera legal, abierta. Eso llevaría a que el proceso sea de unos cuantos meses y no de años. Pero eso no se hace. Existe un estigma social sobre esto —comenta Marielena Hernández, directora de Hogar y Futuro, asociación civil, que tiene un convenio con el DIF de la CDMX para albergar en su casa hogar a niñas y niños que, por diversas razones, se han quedado sin cuidados parentales.

Nelly Montealegre fue Procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes hasta marzo de 2017, y ahí se percató de que en varios DIF estatales no existían protocolos para recibir a algunos menores: “llevaban a los niños y quienes los dejaban no firmaban ningún papel, no daban sus datos… No se comprobaba si quien lo dejaba era la mamá, no se les hacían dictámenes psicológicos para saber qué estaba pasando esa mujer y saber cómo ayudarla”.

—La justicia no es rápida ni expedita. El interés superior de los niños no se traduce en hechos concretos. Hay mucho trabajo por hacer con los ministerios públicos y con los jueces... Hay una deuda social del sistema, porque el sistema está funcionando alrededor de los adultos y no de los niños. Y los adultos se toman su tiempo —señala Marielena Hernández, directora de Hogar y Futuro.

En el país, la figura legal de la adopción —reconocida desde 1928— forma parte del ámbito de lo civil, por lo que cada estado de la República contempla su regulación en sus respectivos códigos civiles y familiares, así como en algunas leyes estatales; cada entidad establece los requisitos para adoptar y los procedimientos para hacerlo. Incluso, determina qué tipo de adopción se realiza.

Además, existen organizaciones de la sociedad civil —tanto laicas como religiosas— que también realizan procesos de adopción e implementan sus propios criterios para seleccionar a quienes podrán adoptar. Incluso, algunas de ellas realizan más adopciones que algunos DIF estatales.

Fue hasta la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que entró en vigor en diciembre de 2014, cuando el tema de la adopción fue incluido en una legislación general y se colocó una base para tratar de homologar las normas y los procedimientos de adopción.

Esta ley establece que se debe contar con un sistema de información que permita conocer qué niños ya son susceptibles de adopción. Hasta ahora, ese registro no existe. El plan de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, dependencia encargada de integrarlo, era tenerlo listo para este 2018.

Para esta investigación se realizaron solicitudes de información a los DIF nacional y estatales. Se pidió el número de niñas, niños y adolescentes cuya situación jurídica ya estaba resuelta y eran susceptibles a ser adoptados.

Entre mayo y junio de 2017 había, por lo menos, 1,168 niñas, niños y adolescentes susceptibles de ser adoptados; de acuerdo con los datos entregados por los DIF de 31 estados y el DIF nacional. Chiapas no contestó.

Mientras Querétaro concentraba al 23.2% de esta población, los DIF estatales de Colima, Guerrero y Tlaxcala aseguraron que en ese momento no tenían niños susceptibles de ser adoptados.

El caso de Michoacán muestra los vacíos de información sobre este tema. El DIF estatal respondió: “En este momento se lleva a cabo una revisión minuciosa respecto a la situación jurídica-familiar de niñas, niños y adolescentes puestos a disposición de este Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana, con la finalidad de obtener con certeza datos necesarios”.

Horacio nació en diciembre de 2011. Su mamá biológica decidió darlo en adopción y para ello se acercó al Hospital General Conchita —en Monterrey, Nuevo León—, institución privada que atiende a mujeres con embarazos no deseados, a quienes les ofrecen atención médica y, en caso de que ellas lo soliciten, servicio de albergue. Si la madre biológica decide dar en adopción al bebé, Casa Cuna Conchita se hace cargo de los trámites legales y funciona como intermediario de las personas que buscan adoptar.

Después del nacimiento de Horacio, su mamá biológica tuvo 30 días para estar segura de la decisión que había tomado. Al pasar este periodo, representantes de la casa cuna y la mamá biológica se presentaron al DIF para que la autoridad testificara la firma de la cesión de patria potestad a favor de Casa Cuna Conchita.

El consejo de adopciones de Casa Cuna Conchita examinó a sus posibles adoptantes; una lista integrada por parejas que —después de una entrevista, de presentar toda una serie de documentos, asistir a un curso y pagar un donativo de mil 500 pesos— ya habían sido aprobados para ser padres adoptivos. En esta casa de cuna solo las parejas heterosexuales y casadas son tomadas en cuenta para adoptar a un bebé. No integran a sus listas a parejas homosexuales, que vivan en unión libre o solteros.

En febrero de 2012, Luis y Effy conocieron a Horacio; ese mismo día, el bebé comenzó a vivir con sus padres adoptivos y comenzaron los trámites para el juicio de adopción. Durante todo el proceso de adopción, la pareja jamás tuvo contacto con personal del DIF.

El camino que Horacio transitó para su adopción fue mucho más rápido que el de su hermano menor.

Año y medio después de que nació Horacio, su mamá biológica regresó al Hospital General Conchita. Estaba embarazada y a ese bebé también quería darlo en adopción.

Una de las reglas de Casa Cuna Conchita era no dar a una misma pareja dos niños en adopción, pero en este caso tuvo que hacer una excepción y buscaron a Luis y Effy para proponerles que adoptaran al hermano menor de Horacio. Ellos aceptaron y comenzaron su segundo proceso de adopción; además, a diferencia de su primer hijo, en éste les pidieron pagar los gastos médicos del parto.

Tadeo, el hermano menor de Horacio, nació en julio de 2013. Cuando la mamá biológica acudió al DIF para realizar el trámite de cesión de la patria potestad, se le informó que también tenía que presentarse el papá biológico; encontrarlo llevó casi ocho meses. Durante ese tiempo, Tadeo vivió en la Casa Cuna Conchita.

—Era el único bebé que estaba ahí. Las instalaciones del lugar están diseñadas para que los bebés estén solo unas semanas y no meses. El niño no tenía ninguna clase de motivación. Estaba encerradito en cuatro paredes —recuerda Effy.

Para comenzar a tener contacto con Tadeo, Luis y Effy solicitaron a la casa cuna que les permitieran hacer visitas diarias al bebé. Aun así, la pareja pudo constar cómo la institucionalización —el vivir en un albergue— marca a un niño.

—Cuando, por fin, estuvo con nosotros y lo trajimos a casa —cuenta Effy—, el niño estaba aterrorizado. Durante ocho meses no salió del cuartito en donde estaba y, de repente, lo sacas, lo subes a un auto y llega a un lugar nuevo. No quería dormir, lloraba todo el tiempo.

Desde el 2000 se dieron algunos intentos —sobre todo impulsados por asociaciones de padres que adoptaron— por construir un marco legal que hiciera homogéneos los procesos de adopción en el país. Se propuso crear el Consejo Nacional de Adopciones. Al final, nada se concretó.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes puso las bases para que las entidades comenzaran a homologar sus leyes, códigos y procedimientos. Se crearon, por ejemplo, las Procuradurías de Protección a la Infancia —como parte de las estructuras de los DIF federales y estatales—, que tienen entre sus funciones llevar la representación jurídica de niños y adolescentes. Además, se estableció que el DIF nacional y los estatales son las estancias encargadas de otorgar los certificados de idoneidad a las personas que, después de tomar cursos sobre la adopción y cumplir con varios requisitos, son consideradas como candidatos para adoptar a un niño, niña o adolescente.

Pero esta ley general no ha sido suficiente. Aún se tiene un mosaico de regulaciones y criterios sobre la adopción.

Por ejemplo, en ocho entidades del país —entre ellas Jalisco y Guanajuato— aún existe la adopción simple. Y en siete estados, la adopción plena solo la pueden ejercer los cónyuges o concubinos. En Jalisco, si una mujer soltera desea adoptar solo puede hacerlo bajo la figura de “adopción simple”.

La “adopción simple” implica, entre otras cosas, que los niños, niñas y adolescentes adoptados no tienen todos los derechos que otorga una filiación por consanguineidad.

En los últimos cuatro años, se han dado varios intentos más por homologar las normas legales sobre el tema y los procedimientos. En algún momento de este sexenio se buscó crear un modelo nacional de adopciones, pero desde mediados de 2017 se comenzó a impulsar, desde el propio DIF nacional, una iniciativa para tener una Ley General de Adopción.

Después de 15 años de vivir como pareja, Mayela y Alejandro decidieron tener hijos. Tenían 41 y 50 años, respectivamente. Sabían que sus hijos no serían biológicos y por eso eligieron el camino de la adopción. El tema no era nuevo para ellos; algunos de sus amigos ya habían adoptado. Incluso, para Alejandro la adopción era parte de su biografía.

Alejandro y su hermano fueron adoptados cuando tenían solo unos meses de nacidos. Se enteraron cuando ya eran adultos. En su familia la adopción fue, durante mucho tiempo, un tema tabú.

Lo que Alejandro conoce de sus primeros meses de vida es muy poco. Sabe que pasó un tiempo en el albergue del Instituto Nacional de Protección a la Infancia (INPI), antecedente de lo que hoy es el DIF, pero es todo. La adopción de su hermano se dio por un camino diferente. Un sacerdote convenció a una mujer de que no abortara. Cuando el bebé nació, la mamá biológica lo entregó a quienes, a partir de entonces, fueron los padres de Alejandro. Ellos registraron al niño como su hijo biológico.

“Así se hacían la mayoría de las adopciones en México”, escucho decir a parejas que adoptaron hace 40, 30, 20 años, a personas que saben de algún primo, sobrino, tío o amigo que fue adoptado.

Así era antes y así es como todavía se dan algunas adopciones. Quizá son mucho menos los casos si se comparan con hace 40 años, pero es imposible saberlo, porque en México el tema de la adopción tiene muchos rostros y muy pocos datos oficiales.

Desde 2015, en sus recomendaciones a México, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas expresó su “preocupación” porque la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes no prohibía expresamente las adopciones privadas.

Esta ley solo señala que las legislaciones estatales deberán “disponer de acciones necesarias para verificar que la adopción no sea motivada por beneficios económicos para quienes participen en ella”. Hasta ahora, el único estado en donde se tiene una legislación que prohíbe este tipo de adopción es Veracruz.

—Las adopciones privadas siempre han representado un riesgo de que puede haber un lucro económico o algún otro tipo de beneficio indebido, incluso, en casos más graves, el riesgo de venta de niños para adopción —resalta Paula Ramírez España, Oficial Nacional de Protección de Unicef— El problema es cuando las adopciones se hacen totalmente sin que haya una intervención de la autoridad central, en este caso los DIF nacional, estatales o municipales.

En el país también se han conocido historias en las que funcionarios de algún DIF están involucrados en adopciones irregulares. A mediados de 2015, por ejemplo, se tuvieron noticias sobre la existencia de una red de tráfico de niños con fines de adopción que operaba en Hermosillo, Sonora, y en la cual participaban funcionarios del DIF estatal, abogados y médicos. Una denuncia anónima dio detalles de cómo, desde 2012, esta red vendía niños a parejas que deseaban adoptar. Por lo menos se identificaron a nueve niños que fueron vendidos y por los cuales se pagaron entre 80 mil y 150 mil pesos. Los niños eran, en su mayoría, hijos de mujeres con problemas de adicciones o trabajadoras agrícolas.

La falta de regulación y vigilancia de algunos centros de asistencia social también abre la puerta a malas prácticas en el tema de la adopción.

Como muchas personas que deciden ser padres por adopción, Pilar y Óscar tenían en mente adoptar a un bebé. Se acercaron al DIF y a organizaciones privadas. Las respuestas que encontraron fueron casi las mismas: “Aquí no hay bebés. Solo niños mayores de tres años” o “los procesos duran cuatro o cinco años”. En algunas asociaciones civiles les dijeron que no cumplían con los requisitos de la edad o de estar casados por la iglesia.

Por la recomendación de otra pareja que estaba en su misma situación llegaron a una organización de San Luis Potosí llamada Tiempo Nuevo. Ahí les dijeron que atendían a mujeres con embarazos no deseados o que, por sus condiciones económicas, ya no podían mantener a más hijos.

Pocos días después de la entrevista con el personal de esta organización, les llamaron para informarles que sí eran viables para adoptar a un bebé. Cada sábado, durante casi nueve meses, asistieron a cursos que otorgaban en la misma institución. Además, pagaron poco más de 50 mil pesos para la supuesta manutención de la mamá biológica que, según en la organización, daría a su hijo en adopción. Después de esperar casi un año, de pedir explicaciones y no tener respuesta, Pilar y Óscar decidieron ya no seguir en contacto con esa institución. Pensaron levantar una demanda por fraude, pero desistieron al recordar que firmaron un documento en donde libraban de cualquier responsabilidad a la organización.

El reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes contempla que se debe tener un registro con las adopciones concluidas. Los DIF estatales tendrían que informar, de manera trimestral, sobre estos datos a la Procuraduría de Protección Federal.

Hasta ahora, no existe un concentrado de esta información. En la página de datos abiertos del gobierno federal solo está el registro de las adopciones tramitadas ante el DIF nacional.

Para tener datos sobre este tema se realizaron solicitudes de información a los DIF nacional y estatales, así como a los tribunales de justicia. De acuerdo con sus respuestas, entre 2012 y mayo de 2017, se registraron 5 mil 342 adopciones.

Los lugares en donde más adopciones se realizaron durante ese periodo fueron Nuevo León, Estado de México, CDMX, Coahuila, Sinaloa, Baja California y Chihuahua. El menor número de adopciones se dio en Tlaxcala, Campeche y Guerrero. Chiapas no contestó a la solicitud de información.

Tabasco y Colima sobresalen por la diferencia que existe entre las cifras que reportan sus DIF estatales y los números de juicios de adopción que registraron los tribunales. En Tabasco, por ejemplo, se tuvieron 232 sentencias de juicios de adopción, cuando el DIF estatal solo registró 13 adopciones. En Colima, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado reportó 339 juicios; mientras que el DIF estatal solo registró 11 adopciones.

Berenice y Gabriel viven en el Estado de México. Cuando tomaron la decisión de adoptar llamaron a Vifac; los rechazaron por no estar casados por la iglesia. Una amiga, que ya había adoptado, les recomendó ir al DIF estatal de Veracruz.

Al hablar con otras personas que eran padres adoptivos, supieron que era muy difícil adoptar a un bebé. Así que cuando llenaron su solicitud en el DIF-Veracruz escribieron que podían adoptar a una niña que tuviera entre tres y ocho años. Después de tomar el curso de pre-adopción cambiaron el rango de edad: la niña podía tener entre tres y once años.

—Cuando hablamos con las autoridades de los albergues y casas hogar, su preocupación más frecuente es que tienen un número importante de niños que ellos consideran que ya no son sujetos de adopción. Y no es que no sean sujetos de adopción, sino que por la edad que han alcanzado, ya nadie se interesa en adoptarlos —resalta Paula Ramírez España, Oficial Nacional de Protección de Unicef.

A principios de octubre de 2016, Berenice y Gabriel recibieron la llamada del DIF Veracruz. Había una niña de nueve años que podían adoptar.

El 12 de octubre de 2016, el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, pidió licencia para dejar su cargo y, según dijo en ese momento, enfrentar las acusaciones por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Días después abandonó la entidad. La esposa del gobernador y presidenta del DIF estatal, Karime Macías, también se dio a la fuga. Eso provocó que todos los trámites de adopción en la entidad se detuvieran. Uno de ellos fue el de Gabriela. La niña tuvo que esperar una semana más para salir de la Casa Asistencial Conecalli y comenzar a vivir con su nueva familia.

A partir de su experiencia en la adopción de Gabriela, Berenice y Gabriel comenzaron a realizar trabajo de difusión, sobre todo en redes sociales, para impulsar la adopción de “niños grandes”.

—La gente piensa que vas a ir con un catálogo a escoger a tu hijo y no es así, no puedes tener esas expectativas —dice Gabriel.

El psiquiatra Alejandro Morton remarca que la adopción no es para satisfacer la necesidad de adultos que quieren tener hijos; es un recurso para proteger el derecho que tienen los niños de vivir en familia.

En las solicitudes de información que se realizaron a los DIF nacional y estatales sobre niñas, niños y adolescentes que son susceptibles de ser adoptados, se pidió que se especificaran las edades de los niños. Con los datos que se obtuvieron es posible estimar que 90.7% de los niños que podrían ser adoptados tienen seis años o más; la edad promedio es de 11.5 años.

Jimena y Miguel conocieron a quienes serían su nueva familia en julio de 2015.

—Nosotros pensábamos adoptar solo un niño —recuerda Alejandro—, pero cuando nos informaron que había dos hermanos, lo pensamos y aceptamos.

Durante cerca de tres meses, Jimena y Miguel convivieron con Mayela y Alejandro en las instalaciones de la casa hogar donde vivían los hermanos. El 2 de octubre de 2015, el consejo de adopciones de la organización aprobó que los niños podían dejar el albergue y vivir con quienes, en la práctica ya eran sus padres adoptivos. Todavía faltaba un tramo que recorrer: el juicio para que su adopción quedara registrada en forma legal.

El 23 de noviembre fue la primera audiencia del juicio oral. Además del juez, la agente del ministerio público, la directora de la casa hogar, los padres adoptivos y los niños también asistió una representante del DIF DF.

El juez entrevistó a los niños en una sala contigua; pero solo pudo hablar con Jimena, porque Miguel se escondió debajo de una mesa. Después de los 15 minutos que duró la entrevista, el juez decidió que los niños no habían desarrollado suficiente apego, por lo que era necesario que se hicieran nuevos estudios, tanto a los niños como a Mayela y Alejandro. El juez insistió en que que Miguel tenía un trastorno de déficit de atención, por lo que pidió que lo llevaran con un psiquiatra para que lo diagnosticara.

Jimena y Miguel esperaron seis meses más para que se formalizara su adopción.

—Nos habían dicho que el juicio de adopción sería más rápido, porque ya son juicios orales. Y comprobamos que no es así. Todavía existe una enorme burocracia que no ayuda a los niños —resalta Mayela.

Fue hasta la segunda audiencia, a la que llegó otra persona representando al DIF DF, cuando el juez autorizó la adopción de Jimena y Miguel; y mandó una orden al Registro Civil para que los hermanos ya pudieran tener una nueva acta de nacimiento con sus nuevos nombres y apellidos.

Cuando cumplan su mayoría de edad, y si así lo desean, Jimena y Miguel podrán acudir al Registro Civil a pedir que se les entregue una copia de sus primeras actas de nacimiento, por si desean conocer los nombres de sus padres biológicos.

En el caso de Alex, cuando fue la audiencia para el juicio de adopción era tanto su estrés que vomitó. Días antes, sus papás adoptivos le habían explicado que iban a ir con un juez, que le iban a hacer preguntas sobre su nueva familia.

—Alex sabe su historia —resalta Pilar. El terapeuta recomendó que le dijéramos la verdad, que no éramos sus padres biológicos. Se lo explicamos cuando yo regresé a trabajar, después de un permiso de cien días que solicité en mi trabajo para estar con él cuando llegó a casa. Alex tenía tan marcada la huella del abandono que, cuando regresé a trabajar, pensó que lo iba a dejar. Él creía que yo era su mamá biológica, que lo había dejado en el albergue y años después regresé por él. Cuando le explicamos lo que pasó, Alejandro tenía tres años. Fue difícil. Ya pasó más de un año de eso y todavía nos pregunta si nosotros lo vamos a dejar.

Alex ahora tiene cuatro años y tres meses. Sus papás hacen planes para comenzar el proceso para adoptar a un segundo hijo.

El reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes contempla que se debe tener un registro nacional de las personas solicitantes de adopción que ya cuentan con su certificado de idoneidad. Este registro, hasta ahora, no existe.

Las personas que se acercan a los DIF nacional o estatales para adoptar tienen que tomar cursos en los que, además de abordar los diferentes pasos del procedimiento y de cómo integrar la carpeta de documentos, se habla de los retos que implica la adopción. Los cursos que se imparten en estas dependencias públicas son gratuitos y son un paso previo para poder tener el certificado de idoneidad.

La mayoría de las asociaciones civiles que realizan procesos de adopción también solicitan, como requisito, que se tomen estos cursos. Algunas de estas instituciones ponen como condición que los talleres (los cuales tienen costos que pueden ir de 5 mil a 10 mil pesos) se tomen con ellos mismos o con alguna de las contadas organizaciones dedicadas a dar talleres sobre adopción que existen en el país, cuyos cursos también son aceptados por algunos DIF estatales.

Casi todas las asociaciones civiles solicitan donativos a quienes se acercan con ellos para adoptar. Y la mayoría solo integran a sus listas a parejas heterosexuales y casadas.

Hasta hace unos años, en la mayoría de los estados del país, las organizaciones de la sociedad civil que realizaban adopciones no tenían ninguna obligación de informar a los DIF nacional y estatales de las adopciones que tramitaban. Ahora deben hacerlo. Sin embargo, no existen garantías de que a nivel nacional todas cumplan con ello.

Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, señala que en el caso de las adopciones que realizan las organizaciones de la sociedad civil, el Estado mexicano se tiene que asegurar de que todas las etapas del proceso estén cuidadas, certificadas y que no haya ningún resquicio para la afectación de los derechos de los niños.

La mayoría de los países delegan algún aspecto de sus procedimientos de adopción a organizaciones civiles autorizadas —explica Christina Baglietto, consultora de Unicef México—, “pero tienen un ojo muy fuerte sobre cómo trabajan esas organizaciones. Se tiene que tener muy claro quiénes participan en los procesos de adopción, con qué personal los realizan, con qué costos y con qué profesionalismo. Poner estándares muy estrictos sobre cómo esas organizaciones llevan sus procedimientos”.

Jimena tenía ocho y Miguel cinco años cuando llegaron a su nueva casa, a su nueva familia.

—Desde el primer día, Miguel nos dijo "tú vas a ser mi papá y tú mi mamá". A Jimena le llevó más tiempo. No sabía cómo decirnos —recuerda Alejandro.

Mayela y Alejandro han leído varios libros sobre adopción y han tomado cursos sobre el tema. Saben que no es fácil lidiar con el abandono que vivieron niños como Miguel y Jimena, que en ellos el apego no es algo que aparezca de la noche a la mañana. Mucho menos cuando los niños estuvieron tanto tiempo en instituciones.

En estos dos años, la adopción de Jimena y Miguel les ha dejado varias enseñanzas.

—Pensábamos que la integración de los niños iba a ser más rápida, más fácil —reconoce Alejandro. Pero ha costado mucho trabajo esa incorporación, el apego y, en especial, el ayudarlos a superar el rezago académico y social que traen. El no saber mucho sobre lo que vivieron antes de que llegaran a la institución; sobre el abandono que vivieron pese a que tenían una familia biológica.

—Ahora sabemos que el apego va a llevar años —dice Mayela.

—Tienen muy presente el tema del abandono, de que alguien, por lo regular su mamá biológica, no los quiso. No lo verbalizan así, que es lo peor, sino lo hacen con ciertas conductas. Siempre está el temor de que los vayan a regresar a la institución —explica Alejandro.

Jimena, por ejemplo, no quería ir a la escuela. Durante las primeras semanas, se salía del salón de clases y se negaba a entrar. Tiempo después, confesó por qué no quería ir a la escuela: “pensaba que ya no iban a regresar por mí, que me iban a dejar ahí”.

Miguel sueña que es de noche y lo dejan a media calle, o que todos se van de viaje y lo dejan solo en casa.

—Ellos recuerdan mucho el tiempo que vivieron en la casa hogar —comenta Alejandro. Tienen muchas preguntas y tratamos de ayudarles a entender. Sabemos que en la adolescencia otra vez llegarán las preguntas.

—Pero hay niños que no hablan, que todo se lo guardan —resalta Mayela.

Hay quienes, a diferencia de Alejandro y Mayela, idealizan demasiado la adopción y cuando se enfrentan al reto cotidiano que eso representa deciden dar marcha atrás y regresar a los niños a las casas hogar.

De esas “adopciones fallidas” poco se habla. Incluso, las instituciones gubernamentales y asociaciones privadas no tienen registros de cuántos casos así se presentan. Y si los tienen no los dan a conocer.

Zoraida Trejo Uribe, con maestría en neuropsicología y educación y quien ha trabajado con niñas y niños que han sido adoptados, explica que las personas que adoptan deben tener herramientas para poder lidiar con la huella de abandono que traen estos niños; no importa si los adoptaron al día siguiente de su nacimiento. Parte del trabajo de los papás adoptivos es acompañar a los niños en procesar la historia que vivieron antes de que llegaran a la nueva familia y que, en muchas ocasiones, se trata de una historia que ni los papás adoptivos conocen.

—Los niños merecen estar en una familia —comenta Marielena Hernández, de Hogar y Futuro—, pero se tiene que garantizar que, si son reintegrados a su familia de origen o llegan a una familia por adopción, no vuelvan a vivir experiencias de maltrato y abandono. Y eso requiere mucho trabajo profesional de acompañamiento y mucha supervisión.

Cuando un niño, una niña o un adolescente es adoptado debe existir un seguimiento de esa adopción, para asegurarse que el niño se integre a su nueva familia. El tiempo durante el cual se realizará ese seguimiento también depende de cada DIF y de cada organización privada que tramitó la adopción.

—En los DIF están rebasados, no hay psicólogas suficientes. Les faltan trabajadores, incluso, para hacer seguimiento de los niños que ya dieron en adopción —señala Aurora González, directora de Mejores Familias, asociación civil que imparte cursos y talleres a padres que desean adoptar o que ya adoptaron.

—¿Cuenta con presupuesto y personal suficiente? —le pregunté a Imelda López, cuando aún era directora de Servicios Jurídico-Asistenciales del DIF Estado de México

—Mejor no me haga esa pregunta. Nunca será suficiente, porque cada vez tenemos más gente con violencia, más niños abandonados, más omisión de cuidados.

La mayoría de los padres con los que hablo coinciden en que falta mucha información sobre la adopción en el país no sólo sobre los procesos y lo que implica; también falta hacer mucho trabajo con las escuelas, tanto públicas como privadas, para que no se discrimine a niñas, niños y adolescentes que viven o han vivido el proceso de la adopción.

Por ejemplo, cuando Berenice trató de inscribir a Gabriela en una primaria pública del Estado de México, aún no se realizaba el juicio de adopción, por lo que la niña no tenía el acta de nacimiento con los apellidos de Berenice y Gabriel, sus padres adoptivos.

—Explicamos en la escuela la situación, les mostramos los documentos, pero nos dijeron: "como usted no es su mamá, será difícil que la podamos inscribir" —recuerda Berenice.

—Muchas escuelas no están preparadas para trabajar con estos niños que tienen retos particulares a nivel académico —dice Mayela. Para ella y Alejandro no ha sido fácil encontrar una escuela adecuada para Jimena y Miguel.

A Jimena y Miguel los conozco un día de agosto, justo poco antes de que comiencen clases en una nueva escuela. Me encuentro con ellos en su casa, el departamento de paredes blancas y rojas donde viven desde hace dos años. Dibujan y, al mismo tiempo, hacen preguntas. Muestran orgullosos el avance de sus creaciones.

—Esta soy yo —dice Jimena. Al lado de ella dibuja a sus papás —Mayela y Alejandro— y a su hermano Miguel.

—El mío está más bonito —replica Miguel, quien hace una bandera de México, con todo y el águila devorando a una serpiente.

También delinean las figuras de sus abuelos y de sus gatos.

Los hermanos dibujan a su familia.

A la familia que adoptaron a partir de octubre de 2015.